Justicia, memoria, integración. Debates teóricos y experiencias en el marco de las instituciones sociales

La estrategia actual para la transición desde el conflicto armado a la paz, coordinada por la Agencia Colombiana para la Reintegración —ente dependiente de la Presidencia de la República encargado de ejecutar la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales—, implica grandes frentes de acción: justicia, memoria e integración. Dichos componentes se concretan en diversas acciones dirigidas a reintegrar a los excombatientes a la vida civil mediante la superación de sus condiciones de vulnerabilidad, asegurando así la inclusión ciudadana, la reducción de la pobreza —como causa de la vulnerabilidad y la criminalización—, el rechazo social de las personas en proceso de reintegración y el fomento de la convivencia y la reconciliación. El objetivo actual del modelo jurídico e institucional de reintegración es reconstruir el tejido social al incidir en las regiones y los sectores más afectados por más de cinco décadas de conflicto armado. Ahora bien, el objetivo y los fines del modelo actual de reintegración han sido adoptados por los planes y programas institucionales que propenden por superar, además de la exclusión y la repetición de los ciclos de violencia, la anormalidad del orden público interno, teniendo como base fundamental el principio de integración social como medio de normalización civil e institucional. Tal afirmación puede constatarse en el Documento 3554 de 2008 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (conpes), el cual consagra la política nacional de reintegración social y económica para personas y grupos armados ilegales, cuya justificación se ubica, a su vez, en el capítulo de defensa y seguridad democrática del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”.